La industria del aguacate en Michoacán enfrenta una crisis sin precedentes, y productores y empacadores apuntan sus dedos acusadores hacia dos figuras clave: la diputada local Margarita López Pérez y Jorge Vázquez Díaz, excoordinador de comisarías regionales. Los señalamientos se centran en que ambos incitaron al paro de policías estatales y comunidades indígenas, desencadenando bloqueos y retenciones que afectaron la exportación del fruto a Estados Unidos.
El origen del conflicto se remonta a la reacción de Margarita López ante el despido de sus dos hijos, quienes ocupaban cargos sin cumplir funciones en la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Michoacán. Jorge Vázquez, igualmente despedido tras años de no trabajar, también fue acusado de incitar a la protesta. La situación escaló cuando las comunidades indígenas, como Aranza en Paracho, bloquearon carreteras y retuvieron vehículos, incluyendo inspectores del Departamento de Agricultura de Estados Unidos, impactando directamente la exportación de aguacates.
La paralización de la exportación no solo afecta a los productores, sino que también pone en riesgo miles de empleos en la región. «El daño generado a miles de familias es inconmensurable, y ninguno de estos personajes está en la cárcel», reclamó un productor de Tancítaro, reflejando el sentir de la comunidad afectada.
Margarita López Pérez
La diputada plurinominal por el Partido Verde Ecologista de México ha sido una figura controvertida. Inicialmente defendió a los policías de Michoacán, pero luego los insultó con comentarios despectivos, tras el despido de sus hijos de la SSP. Margarita López también lidera un colectivo de madres buscadoras, aunque sus métodos han generado fricciones con otras organizaciones de búsqueda de personas desaparecidas. La diputada ha sido acusada de amenazas hacia familiares de víctimas y de hacer un mal uso de recursos asignados para su protección, lo que llevó a la Secretaría de Gobernación a retirarle una camioneta blindada.
Jorge Vázquez Díaz
Excoordinador de comisarías regionales, Vázquez Díaz ha sido vinculado a eventos violentos, como la masacre de Arantepacua en 2017, donde murieron un adolescente, un enfermero y dos carpinteros. Se le acusa de haber actuado sin autorización de sus superiores y de incitar a la violencia mediante audios en WhatsApp. Además, Pablo Alarcón, actual director operativo de la Policía Municipal de Morelia, también señalado en el caso de Arantepacua, ha sido visto apoyando a los policías en paro.
Las acusaciones han generado un amplio debate. Los colectivos de búsqueda de desaparecidos han manifestado su descontento con Margarita López, y la comunidad aguacatera exige justicia por los perjuicios ocasionados. Mientras tanto, el gobierno y las autoridades de seguridad pública se encuentran bajo presión para resolver el conflicto y restablecer la normalidad en la región.
La crisis del aguacate en Michoacán no solo destaca los problemas internos de corrupción y abuso de poder, sino que también resalta la vulnerabilidad de la economía local ante conflictos políticos. La resolución de este conflicto será crucial no solo para la industria del aguacate, sino también para la estabilidad social y económica de la región. Las miradas están puestas en cómo las autoridades manejarán las acusaciones y qué medidas tomarán para prevenir futuras crisis.
